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    Se quejó luego de un allanamiento de la AFIP y la Justicia le restituyó los bienes secuestrados

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    Se quejó luego de un allanamiento de la AFIP y la Justicia le restituyó los bienes secuestrados

    Mensaje por Administrador del foro el Lun Mayo 23, 2011 10:16 am

    Un restaurant emitió una comanda en vez de una factura y el consumidor lo denunció ante el fisco. El organismo, con autorización judicial, incautó controladores y equipos de computación. El dueño elevó el reclamo y los jueces fallaron a su favor. Ordenaron que el equipamiento sea devuelto.

    La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la intención de controlar a los evasores y potenciar la recaudación, recurre a inducir a los contribuyentes a cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales. Aunque, en más de una oportunidad, también debe recurrir a la realización de fiscalizaciones.

    En este escenario, puede suceder, que aquello que para los inspectores resulta una prueba de una posible irregularidad, no sea así considerado por los jueces, ante un reclamo formulado por quien esté en el banquillo de los acusados.

    Un caso que puede ilustrar esta situación tiene lugar cuando una persona va a cenar a un establecimiento gastronómico y, a la hora de pagar, recibe una comanda en vez de una factura. Aquí, la intención del restaurante podría ser cumplir con la emisión del comprobante de respaldo, entregándolo a posteriori o, contrariamente, evadir el pago de impuestos.

    Si la situación llegara a oídos del fisco, a través de una denuncia, el panorama se tornaría más complicado para la empresa gastronómica.

    Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde la AFIP, incluso, recurrió a un allanamiento para demostrar la ausencia de facturación por parte de un restaurante, al que le secuestraron documentación y equipos de computación utilizados para la emisión de comprobantes y registración contable.

    Si bien el fisco consiguió la orden judicial para llevar a cabo tal medida, tras el reclamo del contribuyente, los camaristas decretaron la nulidad del procedimiento y de las posteriores actuaciones realizadas por la AFIP.

    ¿Sobre qué argumentos basaron los jueces tal decisión?.

    Los expertos consultados por iProfesional.com explicaron que el fisco vulneró la distinción entre el alcance de la Ley de Procedimientos Tributarios y el de la Penal Tributaria.

    De acuerdo con lo que establece la referida normativa, añadieron que esto es así porque para proceder al secuestro -tal como sucedió en este caso- deben existir indicadores de conductas delictuales.

    En cambio, aclararon que para realizar un simple allanamiento y controlar la documentación en el mismo domicilio del contribuyente, basta con que existan conductas de menor entidad -es decir, incumplimientos que no revistan la calidad de ilícitos de gravedad-.


    Las claves del caso

    Todo comenzó cuando la AFIP recibió una denuncia anónima donde ponían de manifiesto que, tras una compra realizada en la Cervecería Blest Bariloche, sólo habían recibido una "comanda" como comprobante de la operación, en vez de la factura o ticket correspondiente.

    Ante los hechos, el fisco pidió a un juez competente una orden para allanar el local, de modo de obtener una copia del sistema de facturación y, eventualmente, el secuestro de los equipos informáticos completos, como así también de toda la documentación de venta de los períodos involucrados.

    La finalidad que perseguía el organismo de recaudación era "la obtención y resguardo de elementos probatorios relacionados con la presunta evasión de tributos", respecto de los períodos enero de 2007 a julio de 2010.

    A tal efecto, el fisco destacó que resultaría estéril requerir la información al contribuyente "en razón de que, ante la advertencia, éste podría borrar los datos existentes en sus registros informáticos".

    Con estas premisas, el juez reseñó los fundamentos de la AFIP y despachó la medida por entenderla "viable" y autorizó el ingreso al lugar así como el secuestro de elementos probatorios, "incluso, los equipos informáticos completos", en base a las atribuciones establecidas en la Ley 11.683.

    Ante los hechos, desde el comercio solicitaron la nulidad del procedimiento, para lo cual indicaron que la medida "se encontraba viciada esencialmente por cuanto el presupuesto tenido en cuenta para dictarla, es decir, la emisión de un comprobante sin valor fiscal, era falso".

    Como prueba de ello, además, acompañó una "copia de la cinta testigo" en la que constaba la emisión del ticket fiscal que "coincidía exactamente con la descripción de los alimentos registrados en la comanda, su valor en pesos, el horario de emisión y el mozo que intervino".

    Por último, reclamó que la AFIP no constató previamente, ejerciendo sus atribuciones, la veracidad de la denuncia anónima.

    Sin embargo, manifestada la solicitud de nulidad al fisco y a la fiscalía federal interviniente en la emisión de la orden de allanamiento, ambos solicitaron el rechazo del pedido. No obstante, es importante destacar que "ninguno cuestionó lo afirmado por el contribuyente acerca de que había emitido el comprobante fiscal correspondiente", así como tampoco "impugnó la materialidad del elemento probatorio agregado, es decir, la cinta testigo".

    Luego de la negativa, la empresa elevó su pedido ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Pico de la provincia de Río Negro, quien, finalmente, le dio la razón al declarar la nulidad del allanamiento.

    Los camaristas entendieron que "no hay en la Ley 11.683 norma que faculte a los magistrados a disponer secuestro de documentos o elementos contables ni de otra naturaleza".

    "El secuestro de registros documentales e informáticos, ordenado por el juzgado en el marco de la Ley de Procedimiento Tributario, que no contempla esa posibilidad de desapoderar a los habitantes de sus `papeles privados´, constituye un exceso jurisdiccional que adolece, así, del vicio que el recurrente, con otro fundamento, le ha endilgado", remarcaron.

    Por último, destacaron que "el legislador ha diseñado una arquitectura que, en materia de resguardo de garantías, se aprecia gradual: para la actividad de la AFIP que no excede la fiscalización e inspección para la determinación de los tributos, la máxima injerencia en el ámbito de privacidad es el allanamiento de morada, esto es, el ingreso irrestricto al domicilio del contribuyente para ejercer allí las facultades que la Ley 11.683 le confiere".

    Para arribar a esta conclusión, explicaron que la mencionada norma regula el procedimiento fiscal, donde se reconoce que "para verificar, en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable".

    Respecto de la Ley 24.769, mencionaron que "contiene algunas disposiciones instrumentales entre las que se cuenta el mencionado artículo 21, que admite la posibilidad de que, a pedido de la AFIP, el magistrado ordene la `obtención y resguardo´ de elementos de juicio relacionados con, justamente, los delitos que la norma define".

    De esta manera, decretaron la nulidad del procedimiento y de las posteriores actuaciones realizadas por el fisco.

    Voces

    Lucio Vuotto, senior de Tax & Legal de KPMG, remarcó que en el fallo "Cervecería Blest", observamos que la Cámara "realiza dos útiles reproches".

    "El primero, y más contundente, al magistrado que ordenó el allanamiento, por no considerar adecuadamente el objeto de las normas legales que establecen las facultades del fisco nacional en la verificación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes", indicó.

    Y agregó: "Concretamente, la Cámara distingue y delimita las facultades otorgadas a las autoridades del organismo recaudador en el marco de un proceso de fiscalización, respecto de aquél realizado al amparo de la Ley Penal Tributaria".

    "Pero también se trasluce una crítica a la AFIP en tanto su pretensión resultó desmesurada. En esta tesitura, observamos que, de haber utilizado la figura del agente encubierto, el organismo fiscal podría haber llevado a cabo igualmente el control sobre el cumplimiento de las normas y obligaciones a cargo de los contribuyentes, sin lesionar garantías constitucionales que amparan a los mismos en su relación con el fisco", resaltó Vuotto.

    En ese sentido, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, destacó que "el fallo declaró la nulidad de la orden judicial por cuanto en ésta se facultó a la AFIP a secuestrar los equipos y documentación sin que el organismo acreditase indicios de los cuales se pudiera inferir la comisión de un delito tributario".

    "De esta manera, para proceder así haría falta esgrimir indicadores de conductas delictuales, mientras que para allanar el domicilio, sin proceder al secuestro de los elementos, no se requeriría acreditar ese tipo de conductas, sino otras de menor entidad", sostuvo el especialista.

    En tanto, Iván Sasovsky, consultor tributario, destacó que el fallo "es una clara manifestación del contundente y razonable accionar de los jueces en una esfera tan sensible como lo es la del régimen tributario y el del penal-tributario".

    Señaló que "cuando se presenta una actuación de este tipo, en la que el procedimiento nace de una denuncia anónima, espontánea y sin el respaldo probatorio necesario, no se puede desconocer que se está atentando contra una garantía constitucional y que, por ello, deben tomarse todos los recaudos posibles con la finalidad de evitar un `abuso´ sobre los derechos de los obligados".

    "En consecuencia, las razones planteadas por el contribuyente, responden al legítimo principio de inocencia del que goza toda persona. La misma necesariamente debe entenderse como el derecho a ser sometido a un juicio para confirmar o desechar aquel punto de partida; constituyendo sendos principios elementos fundamentales del derecho y garantías consagradas en nuestra carta magna", manifestó el experto.

    "Es claro que la investida del fisco vulnera la distinción entre el alcance de la Ley de Procedimientos Tributarios y el de la Penal Tributaria, así como las limitaciones en materia de requisa establecida entre ambas legislaciones", concluyó Sasovsky.

    Por su parte, desde el estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados señalaron que "las restricciones a los derechos fundamentales asegurados por la Constitución Nacional sólo pueden ser autorizados por los jueces en los casos y en las condiciones que establece la Ley Procesal Tributaria o Penal Tributaria según el caso".

    Asimismo, indicaron que "el secuestro de registros documentales e informáticos ordenado por el juzgado en el marco de la Ley 11.683, que no contempla esa posibilidad de desapoderar a los habitantes de sus `papeles privados´, constituye un exceso jurisdiccional que adolece, así, del vicio que el contribuyente, con otro fundamento, le ha endilgado".

    Y agregaron: "Cabría, seguramente, otra respuesta jurisdiccional si estuviéramos examinando actuaciones labradas para la investigación de un delito acorde a las previsiones de la Ley 24.769".

    "Ello conduce a establecer que no es posible asignar validez, en el caso, al secuestro de documentación si éste fue ordenado haciendo una aplicación extensiva de una ley administrativa -Ley 11.683, artículo 35, inciso e)- cuya interpretación debe, necesariamente por la materia que regula limitación de una garantía constitucional, ser restrictiva", concluyeron

      Fecha y hora actual: Dom Jun 24, 2018 9:36 am